El último trimestre de 2022 está siendo uno de los más duros económicamente. A la huelga de transportes, inflación, subida masiva de precios, el conflicto ucranio-ruso, hay que sumarle el precio de la luz. Los ciudadanos deberán afrontar uno de los inviernos más caros eléctricamente de la historia. Actualmente, el Gobierno Central, con fondos propios y de la Unión Europea, está llevando a cabo un conjunto de medidas para paliar el coste mensual de la luz. Unas iniciativas que ya se habían estado disfrutando y que, ahora, seguirán en marcha hasta que finalice el año.
La iniciativa denominada mecanismo ibérico, tiene como objetivo principal poner techo al precio de la luz. Limitar durante todo el invierno los costes de esta energía, a través de beneficios directos a consumidores o ventajas fiscales. Todo un conjunto de medidas que implican proteger a los españoles, el tejido empresarial y frenar, en la medida de lo posible, las consecuencias de la volatibilidad actual del mercado nacional e internacional.
Medidas vigentes para frenar el precio de la electricidad
9.000 millones de euros y, en total, 15.000 millones para contener los precios, bajar la inflación y frenar el descenso de poder adquisitivo de los españoles. Con ese mantra y objetivo, se ponen en marcha las siguientes medidas, desde el Gobierno Central hasta el 31 de diciembre:
- A priori, y de forma directa, los ciudadanos podrán disfrutar de una reducción de en torno a 6-10 euros de la factura de la luz. Esto se debe a la bajada del Impuesto de Valor Añadido (IVA) del 21 al 10%. Además, del impuesto eléctrico del 5% al 0,5%.
- Ayuda directa de 200 euros para autónomos, asalariados y desempleados que habiten en unidades familiares con rentas anuales a 14.000 euros.
- Se mantiene el Ingreso Mínimo Vital, así como el aumento del 15% de las pensiones no contributivas de jubilación e invalidez.
Además, hay una medida a señalar vigente y publicada en el mismo Real Decreto del 11/2022, 15 de junio, que las ayudas anteriores. Y es que, las personas vulnerables y en riesgo de exclusión no podrán quedarse, en ningún momento, sin suministro energético, de gas y agua. Las compañías suministradoras tienen prohibido dejar sin el abastecimiento básico a este colectivo hasta el 31 de diciembre del presente año.
Bono social térmico y bono social eléctrico, ¿Qué son?
Una de las medidas más importantes y urgentes está destinada a los colectivos más vulnerables de la sociedad. Tras la crisis sanitaria del COVID-19, se pusieron en marcha un conjunto de bonos sociales que, debido a la situación actual, han tenido que ampliarse. Actualmente, hay dos vigentes:
Bono social de electricidad. Se trata de un descuento directo de entre un 60-70% en la cuota mensual de la luz hasta el 31 de diciembre de 2022. Será requisito indispensable, además:
- Tener un contrato de pequeño consumidor que incluya el precio de la electricidad, impuestos y peajes, sin productos extra.
- Potencia contratada igual o inferior a 10kW.
- Que la electricidad sea suministrada por una entidad de confianza como Endesa, Curenergia, Gas&Power o Baser, entre otras.
El descuento mensual dependerá de la situación económica, personal y laboral de cada contribuyente. El Gobierno distingue entre:
- Consumidor vulnerable, serán todos aquellos con ingresos iguales o inferiores a 1,5 IPREM de 14 pagas o beneficiarios del ingreso mínimo vital. La reducción mensual para ellos será del 65% de la factura hasta diciembre de 2023
- Consumidor vulnerable severo (Renta inferior o igual a 2 IPREM de 14 pagas para familias numerosas: 16.212€). Ampliándose el descuento hasta el 80% hasta el próximo año.
- Consumidor en riesgo de exclusión social, que disfrutará de un descenso del 50% en su factura.
- Consumidor vulnerable a causa del COVID-19. Esta subvención va dirigida a ciudadanos en situación de desempleo, afectados por un ERTE y para empresarios que han reducido su jornada laboral para cuidar a un familiar.
- Bono social de justicia energética, el que se otorga un 40% de descuento para las unidades familiares con unos ingresos anuales iguales o inferiores a 2 veces el IPREM con 14 pagas (16.212€).
Bono social térmico. Se trata de una subvención que tiene como objetivo compensar “los gastos térmicos ocasionados a los consumidores más vulnerables por el uso de la calefacción y el agua caliente o cocina”, independientemente de cual sea la fuente energética usada.
Un complemento y ayuda extra al anterior ya que serán beneficiarios directamente, sin realizar ningún trámite ni solicitud al respecto, los que ya sean beneficiarios del bono social eléctrico a 31 de diciembre del pasado año.
La única diferencia con la anterior, es que se trata de un pago único anual que se ingresará en la cuenta corriente del contribuyente, dependiendo del grado de vulnerabilidad del ciudadano y no del coste de la factura. Además, variará según la zona climática en la que se ubique el ciudadano. Es decir, por ende, las zonas del norte de España contarán con una ayuda mayor que habitantes que se localizan en las Islas Canarias, por ejemplo.
Actualmente, el mínimo de esta ayuda oscila entre los 25€ a 35€ hasta los 125€ como máximo, dependiendo del tipo de consumidor. Exceptuando, para los consumidores vulnerables severos o en riesgo de exclusión, a los que esa ayuda se verá incrementada en torno a un 60%.
Otras medidas gubernamentales
Aunque el precio mensual de la luz sea el principal problema para ciudadanos y empresas, también se han puesto en valor y en marcha otras iniciativas dentro del sector energético. A corto y a medio plazo, también ayudarán a ese descenso de los costes y a activar las energías renovables en nuestro país.
- Reducción de los peajes para la industria electro-intensiva.
- Aumentar la liquidez del mercado energético convocando subastas de contratos de adquisición de energía.
- Fomento del autoconsumo y, por consiguiente, de la instalación de placas solares y otras energías limpias, acelerando el trámite para proyectos sostenibles de más de 150 MW de fotovoltaica y 75 MW de eólica.
- Objetivo de 100.000 puntos de recarga a lo largo y ancho del país antes de finalizar el próximo año 2023. Para ello, se aplican reducciones en el impuesto de bienes inmuebles (IBI) desde los ayuntamientos o del 90% sobre el impuesto de instalaciones y obras para su construcción.
- Limitación del precio de la Tarifa del Último Recurso (TUR). Se trata de una tarifa regulada por el Gobierno Central y publicada anualmente en el Boletín Oficial del Estado.
- Recargo a las empresas eléctricas por las ventas totales de energía de un 1,2%.